1. ORIGEN E HISTORIA DEL FEMINISMO EN MÉXICO
El movimiento feminista mexicano tiene raíces profundas que se remontan al siglo XIX, ligadas inicialmente a la lucha por la educación y el sufragio. A lo largo de más de un siglo, ha experimentado transformaciones sustanciales que reflejan los cambios sociales, políticos y culturales del país.
1.1 Primeras oleadas: siglos XIX y XX temprano
Las primeras expresiones organizadas del feminismo en México surgieron a finales del siglo XIX con mujeres intelectuales que reclamaban acceso a la educación formal y a la vida pública. Pioneras como Laureana Wright y Juana Belén Gutiérrez de Mendoza sentaron las bases de un discurso emancipatorio que cuestionaba los roles impuestos por una sociedad profundamente patriarcal y marcada por la herencia colonial.
Durante la Revolución Mexicana (1910-1920), mujeres conocidas como soldaderas y coronelas participaron activamente en el conflicto armado, aunque su contribución fue sistemáticamente invisibilizada en la narrativa histórica oficial. En 1916, el Primer Congreso Feminista de Yucatán marcó un hito: por primera vez, mujeres se reunieron formalmente para debatir sus derechos políticos, civiles y sexuales, incluyendo la educación laica y el voto. Figuras como Hermila Galindo impulsaron el sufragio femenino a nivel nacional, aunque el reconocimiento tardaría décadas.
1.2 Segunda oleada: sufragio y derechos civiles (1930-1960)
En 1937, el presidente Lázaro Cárdenas propuso una reforma constitucional para otorgar el voto a las mujeres; sin embargo, no fue sino hasta 1953 cuando, bajo el mandato de Adolfo Ruiz Cortines, se reconoció el sufragio femenino a nivel federal. Este avance fue resultado de décadas de organización del Frente Único Pro Derechos de la Mujer. El derecho al voto representó la primera gran conquista formal del movimiento en el ámbito institucional, aunque no transformó de inmediato las estructuras de poder político.
1.3 Tercera oleada: feminismo autónomo y radicalización (1970-1990)
La década de 1970 marcó el inicio del feminismo contemporáneo en México. Grupos como el Movimiento de Liberación de la Mujer (1974) articularon demandas que iban más allá del sufragio: cuestionaban la violencia doméstica, el control de la natalidad, la sexualidad y la división sexual del trabajo.
En 1975, México fue sede de la Primera Conferencia Mundial sobre la Mujer de la ONU, lo que consolidó el posicionamiento internacional de la agenda feminista local. La relación entre el feminismo autónomo y el Estado fue tensa desde el inicio: mientras el movimiento social presionaba por cambios estructurales, las instituciones tendían a cooptar las demandas.
1.4 Cuarta oleada: colectivas universitarias y activismo digital (2016-presente)
A partir de 2016 emerge con fuerza una nueva generación de activismo feminista protagonizado por jóvenes universitarias organizadas en colectivas. Cerva-Cerna (2021) identifica una tríada contextual que explica su auge: la reacción a las fallidas políticas de atención a la violencia doméstica, el impacto del feminismo global y el influjo de las nuevas tecnologías y redes de activismo.
Estas colectivas se caracterizan por una forma de organización radicalmente distinta a la tradicional: horizontal, sin liderazgos visibles, con identidad colectiva construida desde la experiencia compartida del agravio y el ciberactivismo como herramienta central.
"El surgimiento de organizaciones de mujeres con tintes feministas responde principalmente a la lucha por resistir, enfrentar y transformar el problema de desigualdad y dominación que está en la base del sistema patriarcal."
— Cerva-Cerna, 2021
2. AVANCES HISTÓRICOS: LOGROS LEGISLATIVOS E INSTITUCIONALES
A lo largo de las últimas décadas, el movimiento feminista ha conseguido avances significativos en el marco legal e institucional, aunque con importantes brechas entre el reconocimiento formal y la aplicación real.
2.1 Marco legal y tratados internacionales
México ha suscrito los principales instrumentos internacionales de derechos humanos para las mujeres: la CEDAW (1979, ratificada en 1981), la Convención de Belém do Pará (1994) y la Convención Interamericana sobre Derechos Políticos de la Mujer (1948). A nivel nacional, los hitos legislativos más relevantes son:
Año Avance legislativo o institucional
1953 Reconocimiento del voto femenino a nivel federal.
1974 Reforma constitucional: igualdad jurídica entre mujeres y hombres (Art. 4o.).
1997 Tipificación de la violencia familiar como delito en el Código Penal Federal.
2006 Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.
2007 LGAMVLV: Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
2007 Ciudad de México despenaliza el aborto hasta las 12 semanas de gestación.
2012 Tipificación del feminicidio en el Código Penal Federal.
2017-2021 Ley Olimpia contra la violencia digital, progresivamente aprobada en los estados.
2019 Reforma constitucional de paridad en todos los poderes y órdenes de gobierno.
2021 SCJN: penalizar el aborto es inconstitucional.
2022 SCJN: 'el derecho a la vida desde la concepción' es inconstitucional.
2024 México elige a su primera presidenta: Claudia Sheinbaum.
2.2 Logros del activismo universitario y ciberactivismo
Un avance destacado de la cuarta oleada ha sido la instalación de protocolos de atención a la violencia de género en numerosas universidades del país, arrancados a pulso por las colectivas estudiantiles mediante pliegos petitorios, asambleas y manifestaciones. El movimiento #MeTooAcadémicos de 2019 representó otro hito: centenares de estudiantes y académicas denunciaron públicamente acoso y violencia de género dentro de las instituciones educativas.
2.3 Despenalización del aborto: avances parciales
Entre 2019 y 2025, más de 22 entidades federativas han despenalizado el aborto. Este avance se logró principalmente gracias a litigios estratégicos de organizaciones feministas y al activismo legislativo de legisladoras locales, no por un impulso presidencial sistemático. La resolución de la SCJN en 2021 amplió significativamente el alcance jurídico de estos derechos.
3. COMPLICACIONES: OBSTÁCULOS ESTRUCTURALES PERSISTENTES
A pesar de los avances legislativos e institucionales, el movimiento feminista enfrenta contradicciones profundas. Los datos empíricos revelan que el incremento de violencia contra las mujeres ha sido paralelo —y en muchos casos superior— a los avances normativos.
3.1 Crisis de violencia: cifras que interpelan
Según la ENDIREH 2021, el 70.1% de las mujeres de 15 años o más han sufrido al menos un incidente de violencia en razón del género: 51.6% emocional, 49.7% sexual, 34.7% física y 27.4% económica o patrimonial.
CIFRAS CLAVE SOBRE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES (SESNSP / INEGI)
• Violencia familiar: de 180,185 casos (2018) a 259,204 (2024), incremento del 44%.
• Llamadas de emergencia por violencia: de 92,604 (2016) a 326,328 (2024).
• Violaciones: de 15,322 (2018) a 19,980 (2024); solo 4 de cada 100 casos resueltos.
• Promedio de 11 asesinatos de mujeres al día (INEGI, 2021).
• El 78.3% de las mujeres violentadas no denuncia ni solicita ayuda.
• Solo el 25% de los asesinatos de mujeres se investiga como feminicidio.
• Únicamente el 20% de esos casos obtiene sentencia condenatoria.
3.2 Impunidad estructural
La impunidad no puede entenderse únicamente como ausencia de castigo. Los estudios proponen reconceptualizarla como la ausencia de perspectiva de género en la prevención, atención, investigación y persecución de delitos de violencia contra mujeres y niñas (Teutli Elizondo, 2023). Esta visión sitúa a las propias instituciones de procuración de justicia como parte del problema estructural: reproductoras de estereotipos, revictimización y falta de diligencia.
3.3 Violencia digital como extensión de la violencia estructural
La violencia digital constituye una dimensión específica del sistema de violencia contra las mujeres. Suárez Estrada (2023) documenta, a partir de una etnografía digital con colectivas feministas en Ciudad de México, cómo las mujeres activistas son blanco de formas coordinadas de violencia en línea: amenazas de violación y asesinato, campañas de difamación, suplantación de identidad, difusión no consentida de imágenes íntimas y vigilancia estatal.
La Colectiva Luchadoras construyó la primera tipología nacional de violencia digital con 13 categorías, documentando que esta violencia tiene efectos corporales concretos: malestar físico, daños emocionales, limitaciones a la movilidad, invasión de la propiedad y pérdida de identidad. Esta evidencia contradice el discurso de las autoridades judiciales que niegan que la violencia digital cause daños corporales.
VIOLENCIA DIGITAL CONTRA ACTIVISTAS (Luchadoras, 2017 / Suárez Estrada, 2023)
• 13 categorías documentadas: desde acceso no autorizado hasta extorsión con imágenes íntimas.
• 85 actos de agresión digital contra 62 candidatas en 24 estados.
• 62% de las agresiones responden a patrones de violencia de género específicos.
• Ataques coordinados: campañas de difamación viral, vigilancia estatal y bloqueos de cuentas.
• Las autoridades minimizan sistemáticamente este tipo de violencia, normalizándola.
3.4 Brecha entre discurso y realidad institucional
El gobierno de AMLO (2018-2024) se autoproclamó el primer gobierno feminista de América Latina, pero la evidencia empírica contradice esta afirmación: el gasto en programas sociales dirigidos a mujeres cayó un 26% entre 2015-2021; la violencia contra las mujeres alcanzó niveles históricos; y el impulso a la despenalización del aborto fue omiso (Romero Plana y Centeno Miranda, 2025).
3.5 Criminalización de la protesta feminista
Una complicación particularmente documentada es la criminalización de la protesta feminista. Cerva-Cerna (2021) analiza cómo, ante la impunidad y la falta de respuesta institucional, las colectivas de jóvenes estudiantes han recurrido a la protesta callejera, las tomas de planteles universitarios y el activismo digital. La respuesta del Estado ha sido frecuentemente la descalificación, la estigmatización mediática y la amenaza de persecución penal.
La criminalización opera principalmente a través de la construcción discursiva: se sobredimensionan los daños materiales a monumentos y mobiliario urbano, opacando el contenido sustantivo de las demandas.
"Las jóvenes que protestan rechazan el sistema porque ese sistema es profundamente violento. Y lo hacen desde el único lugar posible: atacando los símbolos de ese sistema."
— Cerva-Cerna, 2021
4. VACÍOS DESDE LA INSTITUCIÓN
Los vacíos institucionales en materia de género en México tienen múltiples dimensiones que se refuerzan mutuamente.
Vacío institucional Manifestación concreta
Recorte presupuestario El gasto en programas de igualdad de género cayó 26% entre 2015-2021.
Desaparición de programas Solo 8 de 18 programas históricos para mujeres siguen vigentes.
Subregistro de feminicidios Tendencia documentada a reclasificar feminicidios como homicidios dolosos.
Ausencia interseccional Las políticas no contemplan necesidades de mujeres indígenas, migrantes o con discapacidad.
Impunidad penal Estereotipos de género en operadores judiciales, revictimización y falta de debida diligencia.
Violencia en universidades Encubrimiento de acosadores, traslado de agresores sin sanción, criminalización de denunciantes.
Cobertura desigual del aborto 155 centros oficiales, pero muchos no operan. Objeción de conciencia limita el acceso real.
Un vacío particularmente grave es la falta de mecanismos universitarios efectivos. Cerva-Cerna (2021) documenta que, pese a la existencia formal de protocolos de atención a la violencia en varias universidades, las quejas no prosperan, las autoridades no dan seguimiento a las denuncias, y los agresores son protegidos mediante traslados o licencias. Esta impunidad institucional en el espacio educativo es precisamente la que dispara las tomas y protestas radicales de las colectivas estudiantiles.
El Estado mexicano ha sido condenado reiteradamente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos —casos Rosendo Cantú y Fernández Ortega— sin cambios sistémicos suficientes en la atención a mujeres indígenas víctimas de violencia institucional.
5. VACÍOS DESDE LA SOCIEDAD Y LA CULTURA
5.1 Normalización y naturalización de la violencia
Uno de los obstáculos más profundos es la normalización social de la violencia. La literatura académica identifica tres dimensiones: la invisibilización (los actos violentos no son reconocidos como tales), la normalización (se asumen como parte inevitable de la realidad) y la impunidad social (tolerancia colectiva que los legitima).
5.2 Estigmatización del activismo feminista
Cerva-Cerna (2021) subraya un elemento central: el activismo feminista, en cualquiera de sus formas históricas, nace estigmatizado. Los medios de comunicación y las redes sociales amplifican esta estigmatización. Tras las protestas del 2019 y 2020, la prensa construyó la imagen de un 'feminismo vandálico' sobredimensionando daños materiales y minimizando las demandas de fondo.
"El discurso oficial se concentra en los efectos de la protesta, en los destrozos que se producen en las manifestaciones y no en la génesis de su actuar."
— Cerva-Cerna, 2021
5.3 Masculinidades y violencia estructural
La investigación sobre masculinidades señala que la violencia no puede entenderse como fenómeno individual sino como expresión de normas culturales que vinculan la masculinidad con el dominio, la competencia y la impunidad. La disminución de la tasa de homicidios de hombres durante 2018-2023 no estuvo acompañada de una reducción equivalente en el asesinato de mujeres, lo que sugiere dinámicas específicas de género que no se abordan con estrategias generales de seguridad pública.
5.4 Prensa misógina y violencia mediática
La cobertura mediática de los feminicidios reproduce con frecuencia la revictimización y la misoginia. El caso de Ingrid Escamilla en febrero de 2020 es paradigmático: las imágenes de su cuerpo fueron difundidas por medios como Pásala y La Prensa en portadas sensacionalistas que privilegiaron el morbo sobre la dignidad de la víctima.
5.5 Tensión entre feminismo hegemónico y feminismo popular
Existe una brecha relevante entre el feminismo institucional y los feminismos populares y comunitarios que surgen de las experiencias situadas de mujeres en mayor vulnerabilidad. Las colectivas universitarias cuestionan tanto a las autoridades como a los feminismos académicos que perciben como distantes de sus realidades.
5.6 Estrategias feministas frente a la violencia digital: hackfeminismo y cuerpo-territorio
Frente a la violencia digital han emergido respuestas feministas innovadoras. Suárez Estrada (2023) identifica dos estrategias centrales articuladas por colectivas en Ciudad de México: la corporización y la politización de las tecnologías.
La Colectiva Luchadoras parte de la premisa de que el internet es como la calle, como la casa, como la cama: un espacio público a habitar y defender. El Laboratorio de Interconectividades desarrolló la autodefensa hackfeminista, metodología híbrida entre artes marciales, autodefensa feminista y cuidado digital colectivo, basada en el principio de que el cuerpo es la primera tecnología.
"Autodefensa en México es comunal, no es solo defensa, no es solo artes marciales. Es un proceso político más profundo, politizado, de contención y acompañamiento."
— Fundadora del Laboratorio de Interconectividades, en Suárez Estrada, 2023
6. VACÍOS DESDE LA ECONOMÍA
6.1 Desigualdad económica estructural
Las mujeres concentran el 70% del trabajo de cuidados no remunerado del país, lo que limita su inserción laboral, reduce su autonomía económica y las hace más vulnerables a situaciones de violencia doméstica. Ningún gobierno ha integrado una política integral de cuidados que reconozca y redistribuya este trabajo.
BRECHAS ECONÓMICAS DE GÉNERO EN MÉXICO
• Las mujeres realizan el 70% del trabajo de cuidados no remunerado.
• La brecha salarial de género persiste en todos los sectores económicos.
• Los programas para mujeres microempresarias y rurales fueron eliminados en 2013-2015.
• El embarazo adolescente creció 30% desde 2020, limitando inserción educativa y laboral.
• Las mujeres indígenas y rurales son las más excluidas de la política social.
• La maternidad subrogada sigue siendo práctica no regulada que expone vulnerabilidades.
6.2 Trabajo, mercado laboral y #MeToo
La brecha salarial persiste pese a la Ley General para la Igualdad. Las mujeres enfrentan discriminación en el acceso a ciertos empleos, en las trayectorias de ascenso y en la distribución de trabajo precario o informal. La eliminación de programas de fomento al microempresariado femenino rural agravó la situación de las mujeres más vulnerables. El movimiento #MeToo tuvo expresiones en México desde 2018, pero la respuesta institucional fue limitada.
6.3 Pobreza, interseccionalidad y mujeres indígenas
La convergencia de exclusión por género, etnia, clase social y ubicación geográfica genera formas específicas de discriminación que el Estado no ha sabido abordar desde una perspectiva interseccional. Las mujeres indígenas permanecen invisibilizadas como sujetos de políticas diferenciadas, expresión de la triple carga de discriminación: económica, étnica y de género (Aguilera Durán, 2025).
7. ÁREAS DE OPORTUNIDAD
A partir del diagnóstico anterior, es posible identificar áreas prioritarias de intervención para avanzar hacia una justicia de género real en México.
7.1 Desde la institución
• Restablecer y aumentar el presupuesto para programas de igualdad de género, especialmente los dirigidos a mujeres indígenas, rurales y en situación de pobreza.
• Desarrollar una política integral de cuidados que reconozca, redistribuya y compense el trabajo de cuidados no remunerado.
• Garantizar la implementación efectiva del acceso al aborto legal con acompañamiento y recursos en todos los estados que lo han despenalizado.
• Fortalecer y hacer efectivos los protocolos universitarios de atención a la violencia de género, con mecanismos de seguimiento, sanciones reales a los agresores y protección a las denunciantes.
• Institucionalizar la perspectiva de género en todo el sistema de justicia penal: formación, protocolos y evaluación de operadores.
• Fortalecer el registro único y el monitoreo independiente del feminicidio para evitar subregistros y reclasificaciones.
7.2 Desde la sociedad y el activismo
• Reconocer y proteger el derecho a la protesta feminista, evitando su criminalización discursiva y judicial.
• Fortalecer la articulación entre el feminismo institucional y los movimientos sociales autónomos, reconociendo la pluralidad del movimiento.
• Crear espacios de diálogo intercultural que articulen los saberes y demandas de las mujeres indígenas con la agenda feminista nacional.
• Impulsar programas de masculinidades no violentas desde edades tempranas y en entornos comunitarios y universitarios.
7.3 Desde la cultura y los medios
• Desarrollar estrategias de comunicación que combatan la normalización de la violencia y los estereotipos de género en medios y redes sociales.
• Regular el tratamiento mediático de los feminicidios para evitar la revictimización y la estigmatización de las víctimas.
• Incorporar la educación sexual integral y con perspectiva de género en todos los niveles educativos.
7.4 Desde la economía
• Implementar políticas de igualdad salarial con mecanismos de verificación y sanción efectivos.
• Restablecer programas de apoyo a mujeres microempresarias, rurales e indígenas con enfoque diferenciado.
• Crear un sistema nacional de cuidados con servicios públicos de calidad.
• Reducir el embarazo adolescente mediante educación sexual integral y acceso real a métodos anticonceptivos.
7.5 Desde el espacio digital
• Reconocer jurídicamente la violencia digital como forma de violencia de género con daños corporales y políticos comprobables.
• Tipificar y sancionar efectivamente las 13 categorías de violencia digital documentadas por colectivas como Luchadoras.
• Apoyar y financiar metodologías de seguridad digital feminista y autodefensa hackfeminista.
• Regular a plataformas tecnológicas para prevenir ataques coordinados contra activistas y mujeres en política.
• Incorporar la educación en seguridad digital con perspectiva de género en los currículos universitarios y comunitarios.
8. REFLEXIONES FINALES
El análisis del feminismo en México revela una paradoja central: el país cuenta con uno de los marcos normativos más avanzados de América Latina en materia de derechos de las mujeres, y al mismo tiempo registra niveles preocupantes de violencia feminicida, impunidad y desigualdad estructural que no ceden.
Esta brecha entre el avance formal y la realidad vivida se explica por la intersección de múltiples factores: una estructura patriarcal profundamente enraizada en la cultura y las instituciones, recortes presupuestarios que vacían de contenido las leyes, una impunidad institucional que reproduce las discriminaciones que debería corregir, la criminalización de la protesta que silencia las denuncias, y la persistente tensión entre los discursos políticos sobre el feminismo y las prácticas concretas de los gobiernos.
Las colectivas universitarias estudiadas por Cerva-Cerna representan la expresión más viva de esta contradicción: jóvenes que exigen lo que las leyes ya prometen, que protestan ante la simulación institucional, y que son respondidas con descalificación y amenazas en lugar de políticas efectivas. Su activismo digital y callejero, lejos de ser 'vandalismo', es la síntesis de décadas de impunidad acumulada.
CONCLUSIÓN CENTRAL
El avance de la agenda feminista en México depende, en última instancia, del impulso
de los movimientos sociales de mujeres que insisten en la justicia de género. Sin un
compromiso serio con la redistribución económica, la perspectiva interseccional, el
cambio estructural y el respeto a la protesta legítima, el discurso feminista de los
gobiernos difícilmente rebasará las fronteras de las palabras.
La coyuntura actual —con la primera presidenta de la historia al frente del país— es
propicia para impulsar políticas feministas que transformen las estructuras y no sólo
los discursos, poniendo a las mujeres en el centro de las decisiones públicas.
REFERENCIAS ACADÉMICAS
Este análisis integra los siguientes documentos académicos especializados:
• Cerva-Cerna, D. (2021). Criminalización de la protesta feminista: el caso de las colectivas de jóvenes estudiantes en México. Investigaciones Feministas, 12(1), 115-125.
• Romero Plana, V. y Centeno Miranda, R.I. (2025). Balance de la política de género en México (2018-2024). Revista Española de Sociología, 34(2), a262.
• Teutli Elizondo, P. (2023). Reconceptualización de la impunidad en los casos de violencia contra mujeres y niñas en México. Oñati Socio-Legal Series, 13(3), 890-912.
• Aguilera Durán, J. (2025). Una visión interseccional en la defensa de los derechos humanos de mujeres indígenas en México. Ciencia Jurídica, 14(28), 7-25.
• Suárez Estrada, M. (2023). Feminist Strategies Against Digital Violence: Embodying and Politicizing the Internet. Studies in Social Justice, 17(2), 241-258.
• Documentos adicionales del proyecto: Integration of data sets for modelling gender violence; A simplified mathematical model of gender-based family violence in Mexico; Masculinities on the Continuum of Structural Violence; Female mayors and violence against women; Latin American Policy — Feminist Security Studies Critique.
Fuentes de datos institucionales citadas: INEGI (ENDIREH 2021), SESNSP, CONEVAL, SHCP, CONAPO, CNEGSR, SCJN, ONU Mujeres, CEPAL, Corte IDH.
El movimiento feminista mexicano tiene raíces profundas que se remontan al siglo XIX, ligadas inicialmente a la lucha por la educación y el sufragio. A lo largo de más de un siglo, ha experimentado transformaciones sustanciales que reflejan los cambios sociales, políticos y culturales del país.
1.1 Primeras oleadas: siglos XIX y XX temprano
Las primeras expresiones organizadas del feminismo en México surgieron a finales del siglo XIX con mujeres intelectuales que reclamaban acceso a la educación formal y a la vida pública. Pioneras como Laureana Wright y Juana Belén Gutiérrez de Mendoza sentaron las bases de un discurso emancipatorio que cuestionaba los roles impuestos por una sociedad profundamente patriarcal y marcada por la herencia colonial.
Durante la Revolución Mexicana (1910-1920), mujeres conocidas como soldaderas y coronelas participaron activamente en el conflicto armado, aunque su contribución fue sistemáticamente invisibilizada en la narrativa histórica oficial. En 1916, el Primer Congreso Feminista de Yucatán marcó un hito: por primera vez, mujeres se reunieron formalmente para debatir sus derechos políticos, civiles y sexuales, incluyendo la educación laica y el voto. Figuras como Hermila Galindo impulsaron el sufragio femenino a nivel nacional, aunque el reconocimiento tardaría décadas.
1.2 Segunda oleada: sufragio y derechos civiles (1930-1960)
En 1937, el presidente Lázaro Cárdenas propuso una reforma constitucional para otorgar el voto a las mujeres; sin embargo, no fue sino hasta 1953 cuando, bajo el mandato de Adolfo Ruiz Cortines, se reconoció el sufragio femenino a nivel federal. Este avance fue resultado de décadas de organización del Frente Único Pro Derechos de la Mujer. El derecho al voto representó la primera gran conquista formal del movimiento en el ámbito institucional, aunque no transformó de inmediato las estructuras de poder político.
1.3 Tercera oleada: feminismo autónomo y radicalización (1970-1990)
La década de 1970 marcó el inicio del feminismo contemporáneo en México. Grupos como el Movimiento de Liberación de la Mujer (1974) articularon demandas que iban más allá del sufragio: cuestionaban la violencia doméstica, el control de la natalidad, la sexualidad y la división sexual del trabajo.
En 1975, México fue sede de la Primera Conferencia Mundial sobre la Mujer de la ONU, lo que consolidó el posicionamiento internacional de la agenda feminista local. La relación entre el feminismo autónomo y el Estado fue tensa desde el inicio: mientras el movimiento social presionaba por cambios estructurales, las instituciones tendían a cooptar las demandas.
1.4 Cuarta oleada: colectivas universitarias y activismo digital (2016-presente)
A partir de 2016 emerge con fuerza una nueva generación de activismo feminista protagonizado por jóvenes universitarias organizadas en colectivas. Cerva-Cerna (2021) identifica una tríada contextual que explica su auge: la reacción a las fallidas políticas de atención a la violencia doméstica, el impacto del feminismo global y el influjo de las nuevas tecnologías y redes de activismo.
Estas colectivas se caracterizan por una forma de organización radicalmente distinta a la tradicional: horizontal, sin liderazgos visibles, con identidad colectiva construida desde la experiencia compartida del agravio y el ciberactivismo como herramienta central.
"El surgimiento de organizaciones de mujeres con tintes feministas responde principalmente a la lucha por resistir, enfrentar y transformar el problema de desigualdad y dominación que está en la base del sistema patriarcal."
— Cerva-Cerna, 2021
2. AVANCES HISTÓRICOS: LOGROS LEGISLATIVOS E INSTITUCIONALES
A lo largo de las últimas décadas, el movimiento feminista ha conseguido avances significativos en el marco legal e institucional, aunque con importantes brechas entre el reconocimiento formal y la aplicación real.
2.1 Marco legal y tratados internacionales
México ha suscrito los principales instrumentos internacionales de derechos humanos para las mujeres: la CEDAW (1979, ratificada en 1981), la Convención de Belém do Pará (1994) y la Convención Interamericana sobre Derechos Políticos de la Mujer (1948). A nivel nacional, los hitos legislativos más relevantes son:
Año Avance legislativo o institucional
1953 Reconocimiento del voto femenino a nivel federal.
1974 Reforma constitucional: igualdad jurídica entre mujeres y hombres (Art. 4o.).
1997 Tipificación de la violencia familiar como delito en el Código Penal Federal.
2006 Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.
2007 LGAMVLV: Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
2007 Ciudad de México despenaliza el aborto hasta las 12 semanas de gestación.
2012 Tipificación del feminicidio en el Código Penal Federal.
2017-2021 Ley Olimpia contra la violencia digital, progresivamente aprobada en los estados.
2019 Reforma constitucional de paridad en todos los poderes y órdenes de gobierno.
2021 SCJN: penalizar el aborto es inconstitucional.
2022 SCJN: 'el derecho a la vida desde la concepción' es inconstitucional.
2024 México elige a su primera presidenta: Claudia Sheinbaum.
2.2 Logros del activismo universitario y ciberactivismo
Un avance destacado de la cuarta oleada ha sido la instalación de protocolos de atención a la violencia de género en numerosas universidades del país, arrancados a pulso por las colectivas estudiantiles mediante pliegos petitorios, asambleas y manifestaciones. El movimiento #MeTooAcadémicos de 2019 representó otro hito: centenares de estudiantes y académicas denunciaron públicamente acoso y violencia de género dentro de las instituciones educativas.
2.3 Despenalización del aborto: avances parciales
Entre 2019 y 2025, más de 22 entidades federativas han despenalizado el aborto. Este avance se logró principalmente gracias a litigios estratégicos de organizaciones feministas y al activismo legislativo de legisladoras locales, no por un impulso presidencial sistemático. La resolución de la SCJN en 2021 amplió significativamente el alcance jurídico de estos derechos.
3. COMPLICACIONES: OBSTÁCULOS ESTRUCTURALES PERSISTENTES
A pesar de los avances legislativos e institucionales, el movimiento feminista enfrenta contradicciones profundas. Los datos empíricos revelan que el incremento de violencia contra las mujeres ha sido paralelo —y en muchos casos superior— a los avances normativos.
3.1 Crisis de violencia: cifras que interpelan
Según la ENDIREH 2021, el 70.1% de las mujeres de 15 años o más han sufrido al menos un incidente de violencia en razón del género: 51.6% emocional, 49.7% sexual, 34.7% física y 27.4% económica o patrimonial.
CIFRAS CLAVE SOBRE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES (SESNSP / INEGI)
• Violencia familiar: de 180,185 casos (2018) a 259,204 (2024), incremento del 44%.
• Llamadas de emergencia por violencia: de 92,604 (2016) a 326,328 (2024).
• Violaciones: de 15,322 (2018) a 19,980 (2024); solo 4 de cada 100 casos resueltos.
• Promedio de 11 asesinatos de mujeres al día (INEGI, 2021).
• El 78.3% de las mujeres violentadas no denuncia ni solicita ayuda.
• Solo el 25% de los asesinatos de mujeres se investiga como feminicidio.
• Únicamente el 20% de esos casos obtiene sentencia condenatoria.
3.2 Impunidad estructural
La impunidad no puede entenderse únicamente como ausencia de castigo. Los estudios proponen reconceptualizarla como la ausencia de perspectiva de género en la prevención, atención, investigación y persecución de delitos de violencia contra mujeres y niñas (Teutli Elizondo, 2023). Esta visión sitúa a las propias instituciones de procuración de justicia como parte del problema estructural: reproductoras de estereotipos, revictimización y falta de diligencia.
3.3 Violencia digital como extensión de la violencia estructural
La violencia digital constituye una dimensión específica del sistema de violencia contra las mujeres. Suárez Estrada (2023) documenta, a partir de una etnografía digital con colectivas feministas en Ciudad de México, cómo las mujeres activistas son blanco de formas coordinadas de violencia en línea: amenazas de violación y asesinato, campañas de difamación, suplantación de identidad, difusión no consentida de imágenes íntimas y vigilancia estatal.
La Colectiva Luchadoras construyó la primera tipología nacional de violencia digital con 13 categorías, documentando que esta violencia tiene efectos corporales concretos: malestar físico, daños emocionales, limitaciones a la movilidad, invasión de la propiedad y pérdida de identidad. Esta evidencia contradice el discurso de las autoridades judiciales que niegan que la violencia digital cause daños corporales.
VIOLENCIA DIGITAL CONTRA ACTIVISTAS (Luchadoras, 2017 / Suárez Estrada, 2023)
• 13 categorías documentadas: desde acceso no autorizado hasta extorsión con imágenes íntimas.
• 85 actos de agresión digital contra 62 candidatas en 24 estados.
• 62% de las agresiones responden a patrones de violencia de género específicos.
• Ataques coordinados: campañas de difamación viral, vigilancia estatal y bloqueos de cuentas.
• Las autoridades minimizan sistemáticamente este tipo de violencia, normalizándola.
3.4 Brecha entre discurso y realidad institucional
El gobierno de AMLO (2018-2024) se autoproclamó el primer gobierno feminista de América Latina, pero la evidencia empírica contradice esta afirmación: el gasto en programas sociales dirigidos a mujeres cayó un 26% entre 2015-2021; la violencia contra las mujeres alcanzó niveles históricos; y el impulso a la despenalización del aborto fue omiso (Romero Plana y Centeno Miranda, 2025).
3.5 Criminalización de la protesta feminista
Una complicación particularmente documentada es la criminalización de la protesta feminista. Cerva-Cerna (2021) analiza cómo, ante la impunidad y la falta de respuesta institucional, las colectivas de jóvenes estudiantes han recurrido a la protesta callejera, las tomas de planteles universitarios y el activismo digital. La respuesta del Estado ha sido frecuentemente la descalificación, la estigmatización mediática y la amenaza de persecución penal.
La criminalización opera principalmente a través de la construcción discursiva: se sobredimensionan los daños materiales a monumentos y mobiliario urbano, opacando el contenido sustantivo de las demandas.
"Las jóvenes que protestan rechazan el sistema porque ese sistema es profundamente violento. Y lo hacen desde el único lugar posible: atacando los símbolos de ese sistema."
— Cerva-Cerna, 2021
4. VACÍOS DESDE LA INSTITUCIÓN
Los vacíos institucionales en materia de género en México tienen múltiples dimensiones que se refuerzan mutuamente.
Vacío institucional Manifestación concreta
Recorte presupuestario El gasto en programas de igualdad de género cayó 26% entre 2015-2021.
Desaparición de programas Solo 8 de 18 programas históricos para mujeres siguen vigentes.
Subregistro de feminicidios Tendencia documentada a reclasificar feminicidios como homicidios dolosos.
Ausencia interseccional Las políticas no contemplan necesidades de mujeres indígenas, migrantes o con discapacidad.
Impunidad penal Estereotipos de género en operadores judiciales, revictimización y falta de debida diligencia.
Violencia en universidades Encubrimiento de acosadores, traslado de agresores sin sanción, criminalización de denunciantes.
Cobertura desigual del aborto 155 centros oficiales, pero muchos no operan. Objeción de conciencia limita el acceso real.
Un vacío particularmente grave es la falta de mecanismos universitarios efectivos. Cerva-Cerna (2021) documenta que, pese a la existencia formal de protocolos de atención a la violencia en varias universidades, las quejas no prosperan, las autoridades no dan seguimiento a las denuncias, y los agresores son protegidos mediante traslados o licencias. Esta impunidad institucional en el espacio educativo es precisamente la que dispara las tomas y protestas radicales de las colectivas estudiantiles.
El Estado mexicano ha sido condenado reiteradamente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos —casos Rosendo Cantú y Fernández Ortega— sin cambios sistémicos suficientes en la atención a mujeres indígenas víctimas de violencia institucional.
5. VACÍOS DESDE LA SOCIEDAD Y LA CULTURA
5.1 Normalización y naturalización de la violencia
Uno de los obstáculos más profundos es la normalización social de la violencia. La literatura académica identifica tres dimensiones: la invisibilización (los actos violentos no son reconocidos como tales), la normalización (se asumen como parte inevitable de la realidad) y la impunidad social (tolerancia colectiva que los legitima).
5.2 Estigmatización del activismo feminista
Cerva-Cerna (2021) subraya un elemento central: el activismo feminista, en cualquiera de sus formas históricas, nace estigmatizado. Los medios de comunicación y las redes sociales amplifican esta estigmatización. Tras las protestas del 2019 y 2020, la prensa construyó la imagen de un 'feminismo vandálico' sobredimensionando daños materiales y minimizando las demandas de fondo.
"El discurso oficial se concentra en los efectos de la protesta, en los destrozos que se producen en las manifestaciones y no en la génesis de su actuar."
— Cerva-Cerna, 2021
5.3 Masculinidades y violencia estructural
La investigación sobre masculinidades señala que la violencia no puede entenderse como fenómeno individual sino como expresión de normas culturales que vinculan la masculinidad con el dominio, la competencia y la impunidad. La disminución de la tasa de homicidios de hombres durante 2018-2023 no estuvo acompañada de una reducción equivalente en el asesinato de mujeres, lo que sugiere dinámicas específicas de género que no se abordan con estrategias generales de seguridad pública.
5.4 Prensa misógina y violencia mediática
La cobertura mediática de los feminicidios reproduce con frecuencia la revictimización y la misoginia. El caso de Ingrid Escamilla en febrero de 2020 es paradigmático: las imágenes de su cuerpo fueron difundidas por medios como Pásala y La Prensa en portadas sensacionalistas que privilegiaron el morbo sobre la dignidad de la víctima.
5.5 Tensión entre feminismo hegemónico y feminismo popular
Existe una brecha relevante entre el feminismo institucional y los feminismos populares y comunitarios que surgen de las experiencias situadas de mujeres en mayor vulnerabilidad. Las colectivas universitarias cuestionan tanto a las autoridades como a los feminismos académicos que perciben como distantes de sus realidades.
5.6 Estrategias feministas frente a la violencia digital: hackfeminismo y cuerpo-territorio
Frente a la violencia digital han emergido respuestas feministas innovadoras. Suárez Estrada (2023) identifica dos estrategias centrales articuladas por colectivas en Ciudad de México: la corporización y la politización de las tecnologías.
La Colectiva Luchadoras parte de la premisa de que el internet es como la calle, como la casa, como la cama: un espacio público a habitar y defender. El Laboratorio de Interconectividades desarrolló la autodefensa hackfeminista, metodología híbrida entre artes marciales, autodefensa feminista y cuidado digital colectivo, basada en el principio de que el cuerpo es la primera tecnología.
"Autodefensa en México es comunal, no es solo defensa, no es solo artes marciales. Es un proceso político más profundo, politizado, de contención y acompañamiento."
— Fundadora del Laboratorio de Interconectividades, en Suárez Estrada, 2023
6. VACÍOS DESDE LA ECONOMÍA
6.1 Desigualdad económica estructural
Las mujeres concentran el 70% del trabajo de cuidados no remunerado del país, lo que limita su inserción laboral, reduce su autonomía económica y las hace más vulnerables a situaciones de violencia doméstica. Ningún gobierno ha integrado una política integral de cuidados que reconozca y redistribuya este trabajo.
BRECHAS ECONÓMICAS DE GÉNERO EN MÉXICO
• Las mujeres realizan el 70% del trabajo de cuidados no remunerado.
• La brecha salarial de género persiste en todos los sectores económicos.
• Los programas para mujeres microempresarias y rurales fueron eliminados en 2013-2015.
• El embarazo adolescente creció 30% desde 2020, limitando inserción educativa y laboral.
• Las mujeres indígenas y rurales son las más excluidas de la política social.
• La maternidad subrogada sigue siendo práctica no regulada que expone vulnerabilidades.
6.2 Trabajo, mercado laboral y #MeToo
La brecha salarial persiste pese a la Ley General para la Igualdad. Las mujeres enfrentan discriminación en el acceso a ciertos empleos, en las trayectorias de ascenso y en la distribución de trabajo precario o informal. La eliminación de programas de fomento al microempresariado femenino rural agravó la situación de las mujeres más vulnerables. El movimiento #MeToo tuvo expresiones en México desde 2018, pero la respuesta institucional fue limitada.
6.3 Pobreza, interseccionalidad y mujeres indígenas
La convergencia de exclusión por género, etnia, clase social y ubicación geográfica genera formas específicas de discriminación que el Estado no ha sabido abordar desde una perspectiva interseccional. Las mujeres indígenas permanecen invisibilizadas como sujetos de políticas diferenciadas, expresión de la triple carga de discriminación: económica, étnica y de género (Aguilera Durán, 2025).
7. ÁREAS DE OPORTUNIDAD
A partir del diagnóstico anterior, es posible identificar áreas prioritarias de intervención para avanzar hacia una justicia de género real en México.
7.1 Desde la institución
• Restablecer y aumentar el presupuesto para programas de igualdad de género, especialmente los dirigidos a mujeres indígenas, rurales y en situación de pobreza.
• Desarrollar una política integral de cuidados que reconozca, redistribuya y compense el trabajo de cuidados no remunerado.
• Garantizar la implementación efectiva del acceso al aborto legal con acompañamiento y recursos en todos los estados que lo han despenalizado.
• Fortalecer y hacer efectivos los protocolos universitarios de atención a la violencia de género, con mecanismos de seguimiento, sanciones reales a los agresores y protección a las denunciantes.
• Institucionalizar la perspectiva de género en todo el sistema de justicia penal: formación, protocolos y evaluación de operadores.
• Fortalecer el registro único y el monitoreo independiente del feminicidio para evitar subregistros y reclasificaciones.
7.2 Desde la sociedad y el activismo
• Reconocer y proteger el derecho a la protesta feminista, evitando su criminalización discursiva y judicial.
• Fortalecer la articulación entre el feminismo institucional y los movimientos sociales autónomos, reconociendo la pluralidad del movimiento.
• Crear espacios de diálogo intercultural que articulen los saberes y demandas de las mujeres indígenas con la agenda feminista nacional.
• Impulsar programas de masculinidades no violentas desde edades tempranas y en entornos comunitarios y universitarios.
7.3 Desde la cultura y los medios
• Desarrollar estrategias de comunicación que combatan la normalización de la violencia y los estereotipos de género en medios y redes sociales.
• Regular el tratamiento mediático de los feminicidios para evitar la revictimización y la estigmatización de las víctimas.
• Incorporar la educación sexual integral y con perspectiva de género en todos los niveles educativos.
7.4 Desde la economía
• Implementar políticas de igualdad salarial con mecanismos de verificación y sanción efectivos.
• Restablecer programas de apoyo a mujeres microempresarias, rurales e indígenas con enfoque diferenciado.
• Crear un sistema nacional de cuidados con servicios públicos de calidad.
• Reducir el embarazo adolescente mediante educación sexual integral y acceso real a métodos anticonceptivos.
7.5 Desde el espacio digital
• Reconocer jurídicamente la violencia digital como forma de violencia de género con daños corporales y políticos comprobables.
• Tipificar y sancionar efectivamente las 13 categorías de violencia digital documentadas por colectivas como Luchadoras.
• Apoyar y financiar metodologías de seguridad digital feminista y autodefensa hackfeminista.
• Regular a plataformas tecnológicas para prevenir ataques coordinados contra activistas y mujeres en política.
• Incorporar la educación en seguridad digital con perspectiva de género en los currículos universitarios y comunitarios.
8. REFLEXIONES FINALES
El análisis del feminismo en México revela una paradoja central: el país cuenta con uno de los marcos normativos más avanzados de América Latina en materia de derechos de las mujeres, y al mismo tiempo registra niveles preocupantes de violencia feminicida, impunidad y desigualdad estructural que no ceden.
Esta brecha entre el avance formal y la realidad vivida se explica por la intersección de múltiples factores: una estructura patriarcal profundamente enraizada en la cultura y las instituciones, recortes presupuestarios que vacían de contenido las leyes, una impunidad institucional que reproduce las discriminaciones que debería corregir, la criminalización de la protesta que silencia las denuncias, y la persistente tensión entre los discursos políticos sobre el feminismo y las prácticas concretas de los gobiernos.
Las colectivas universitarias estudiadas por Cerva-Cerna representan la expresión más viva de esta contradicción: jóvenes que exigen lo que las leyes ya prometen, que protestan ante la simulación institucional, y que son respondidas con descalificación y amenazas en lugar de políticas efectivas. Su activismo digital y callejero, lejos de ser 'vandalismo', es la síntesis de décadas de impunidad acumulada.
CONCLUSIÓN CENTRAL
El avance de la agenda feminista en México depende, en última instancia, del impulso
de los movimientos sociales de mujeres que insisten en la justicia de género. Sin un
compromiso serio con la redistribución económica, la perspectiva interseccional, el
cambio estructural y el respeto a la protesta legítima, el discurso feminista de los
gobiernos difícilmente rebasará las fronteras de las palabras.
La coyuntura actual —con la primera presidenta de la historia al frente del país— es
propicia para impulsar políticas feministas que transformen las estructuras y no sólo
los discursos, poniendo a las mujeres en el centro de las decisiones públicas.
REFERENCIAS ACADÉMICAS
Este análisis integra los siguientes documentos académicos especializados:
• Cerva-Cerna, D. (2021). Criminalización de la protesta feminista: el caso de las colectivas de jóvenes estudiantes en México. Investigaciones Feministas, 12(1), 115-125.
• Romero Plana, V. y Centeno Miranda, R.I. (2025). Balance de la política de género en México (2018-2024). Revista Española de Sociología, 34(2), a262.
• Teutli Elizondo, P. (2023). Reconceptualización de la impunidad en los casos de violencia contra mujeres y niñas en México. Oñati Socio-Legal Series, 13(3), 890-912.
• Aguilera Durán, J. (2025). Una visión interseccional en la defensa de los derechos humanos de mujeres indígenas en México. Ciencia Jurídica, 14(28), 7-25.
• Suárez Estrada, M. (2023). Feminist Strategies Against Digital Violence: Embodying and Politicizing the Internet. Studies in Social Justice, 17(2), 241-258.
• Documentos adicionales del proyecto: Integration of data sets for modelling gender violence; A simplified mathematical model of gender-based family violence in Mexico; Masculinities on the Continuum of Structural Violence; Female mayors and violence against women; Latin American Policy — Feminist Security Studies Critique.
Fuentes de datos institucionales citadas: INEGI (ENDIREH 2021), SESNSP, CONEVAL, SHCP, CONAPO, CNEGSR, SCJN, ONU Mujeres, CEPAL, Corte IDH.
